El contralor general Camilo Benítez acudió este lunes al Congreso Nacional para participar de una convocatoria de la mesa directiva del Senado, a fin de brindar explicaciones sobre el pedido de informes a Itaipú y Yacyretá.

Al conversar con los medios, señaló que ni bien fueron notificados de lo resuelto por el pleno de la Cámara Alta decidieron iniciar una auditoría financiera en ambas binacionales para tratar de conocer el uso de los gastos socioambientales.

En el caso de Itaipú, sus responsables remitieron una nota a la Contraloría negándose a brindar estos informes. Por su parte, la EBY no envió ningún documento formal, pese a que ya feneció el plazo establecido para el efecto, mencionó Benítez.

Como consecuencia de la negativa directa de Itaipú y la negativa tácita de Yacyretá, la CGR planteará una medida cautelar de urgencia con el objetivo de pedir a los directores de ambas entidades que puedan proveer los informes solicitados.

El argumento esgrimido desde la hidroeléctrica compartida con Brasil es que una auditoría sería “atentatoria al tratado”, rechazando cualquier competencia para dicha gestión. “Por nota fundada han dicho que no van a enviar la documentación requerida”, precisó.

Al respecto, Benítez reiteró que el ente contralor tiene una competencia conferida por la propia Constitución Nacional que se encuentra por encima del tratado de Itaipú, teniendo atribución para efectuar la revisión del estado financiero.

Para la tarde de hoy se prevé que el director jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá remita las documentaciones requeridas a la Contraloría General de la República.

En el caso de Itaipú Binacional, se enviará en el transcurso de hoy o a primera hora de mañana la medida cautelar a un juez de Primera Instancia para exigir la remisión de los informes sobre uso de fondos socioambientales.

El Centro de Reinserción Social de Minga Guazú será habilitado este viernes, como parte del plan que apunta a disminuir el hacinamiento en las cárceles y a descomprimir la población penitenciaria.

La capacidad es de 1.237 reclusos y la infraestructura consta de ocho módulos independientes: siete convencionales y uno de máxima seguridad. En los primeros caben 165 personas por cada uno, mientras que, en los de régimen cerrado especial pueden ingresar hasta 82 internos.

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Respecto al pabellón de máxima seguridad, la particularidad es que tiene restringida la circulación de internos por los pasillos. Los condenados podrán salir de sus celdas individuales solamente dos horas al día. Allí adentro recibirán los servicios básicos.

Otra restricción es la de las vistas privadas, salvo excepciones de visitas comunes recomendadas por el Organismo Técnico Criminológico (OTC). De ser así, tendrá agendamiento previo.

Las autoridades anunciaron que para los primeros días de junio prevén trasladar a la nueva cárcel a 40 personas con condena firme. Se alojarán en los módulos convencionales. En tanto, otras 15 inaugurarán las celdas especiales en el pabellón de máxima seguridad.

El modelo que se pretende aplicar abarca programas de reinserción que buscan reducir los índices de reincidencia de quienes cumplen sus condenas.

Además, HOY: Programa Adultos Mayores pasa a total potestad de Desarrollo Social

El presidente Santiago Peña firmó el decreto que reglamenta la ley 7232/2024 «Que transfiere el programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores en situación de Vulnerabilidad Social, dependiente de la Dirección de Pensiones No Contributivas del Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Desarrollo Social» y deroga los decretos anteriores.

Con esto, el ministro Tadeo Rojas, como titular del MDS, tendrá la facultad de hacer estudios, análisis técnicos y proyecciones para implementar los mecanismos de pago.

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Los posibles beneficiarios de este programa de protección social y económica son: personas en situación de vulnerabilidad, integrantes de comunidades indígenas, otras que estén viviendo en residencias colectivas.

El Ministerio de Desarrollo Social es la institución que anteriormente se conocía como SAS (Secretaría de Acción Social).

El programa Adultos Mayores consiste en una asistencia monetaria mensual, equivalente al 25% del salario mínimo vigente.

Está dirigido a todo paraguayo natural o naturalizado, con por lo menos 5 años de residencia o extranjero con por lo menos 30 años de residencia, mayor de 65 años en situación de vulnerabilidad social.

No podrán ser seleccionadas las personas que reciban remuneración del sector público o privado, tales como sueldo, jubilación, pensión y/o seguro social, quienes contribuyan al IRP, y quienes en su declaración jurada de impuestos para el IVA declaren ingresos superiores a dos (2) SMLV y aquellos que posean más de treinta (30) cabezas de ganado.

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Hoy a las 15:00 en la sede del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social se llevará a cabo la reunión tripartita entre representantes de Cetrapam, el Viceministerio del Transporte y del Trabajo.

César Ruiz Díaz, titular de Cetrapam habló ayer de la posibilidad de revertir la decisión de ir al paro. “Durante el feriado siguieron las conversaciones. Han empezado a generar los pagos atrasados y a renovar los permisos vencidos que, por ley están obligados a dar”, afirmó.

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No obstante, mantiene el pedido de actualizar “los coeficientes de costos” que hacen a la tarifadel transporte. En otras palabras, esta modificación implicaría el aumento de los costos.

Fetram y Ucetrama son dos gremios del transporte que descartan ir a un paro del servicio público. De momento, Cetrapam mantiene su intención en solitario.

El paro está anunciado para el lunes 20 de mayo por tres días y se llevará a cabo en caso de no llegar a un consenso en el transcurso de esta tarde.

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